Resultado de búsqueda
Es ilícito aquel objeto que contraviene al derecho chileno, como por ejemplo el de someterse a una jurisdicción extranjera.. Hay además objeto ilícito en la enajenación:. 1) De las cosas que no están en el comercio humano; 2) De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona; 3) De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o o el ...
El objeto debe ser lícito, posible, determinado o determinable, de interés para las partes y pasible de valoración económica (art. 1003 Código Civil y Comercial). La causa (el por qué y el para qué se contrata). La causa debe existir desde el momento de la formación del contrato y hasta su celebración y ejecución (art.
17 de ene. de 2023 · Con todo, se reitera, la posición imperante, por ser la reciente y sin modificación, es la de negarse admitir la validez de la venta de cosas embargadas por tratarse de objeto ilícito. La primera tesis, apoyada en la distinción decimonónica entre título y modo, sostuvo que la venta de bienes embargados era posible porque el Código Civil solo prohibía la enajenación, no la venta.
En consecuencia, si el objeto es ilícito, el contrato generador de la obligación, en este caso la compraventa, sería absolutamente nulo a la luz de lo dispuesto en los artículos 1740 y 1741 c. c. Además, al comprometerse el vendedor a transferir un bien, debe tenerse en cuenta necesariamente la situación jurídica de dicho bien al momento ...
ÐÏ à¡± á> þÿ k m ...
Puntuación: 5/5 ( 45 valoraciones ) Si se formare una sociedad para un objeto ilícito, a solicitud de cualquiera de los socios o de un tercero interesado, se declara la nulidad de la sociedad, la cual se pondrá en liquidación. Después de pagadas las deudas sociales conforme a la ley, a los socios se les reembolsara lo que hubieren llevado ...
Si bien es cierto que el Artículo 1519 del Código Civil prescribe que: es objeto ilícito todo lo que contravenga el derecho público de ¡a nación, esta definición posterior de qué se entiende por derecho público, está en manos del legislador, siendo imposible que el juez enmarque cualquier desatención de un precepto normativo en dicha causal de nulidad.
